EE. UU. | Donald Trump: La conquista del poder mediante la política arancelaria

La política arancelaria de Trump no solo preocupa a los líderes de los países exportadores. El aumento masivo de aranceles también supone, en la práctica, el mayor aumento de impuestos para la economía estadounidense desde la década de 1950. El Wall Street Journal estima que entre el 50 % y el 60 % de las nuevas tarifas serán asumidas por empresas estadounidenses. En total, se estima que ascenderán a 3,9 billones de dólares, o casi el 1 % del producto interior bruto (PIB) estadounidense, durante los próximos diez años. Esto supera con creces, por ejemplo, la financiación para la ampliación del seguro médico durante la presidencia de Barack Obama (0,4 % del PIB), a la que se opusieron ferozmente los republicanos, alegando también su coste.

El lobby antiimpuestos en Estados Unidos es influyente: think tanks como el Liberty Justice Center, la Federalist Society y las cámaras de comercio se están movilizando contra la política arancelaria, que en esencia equivale a un aumento de impuestos internos. Sin embargo, en abril, el Congreso estadounidense no logró defender los derechos del poder legislativo frente a la Casa Blanca, que había promulgado los aumentos arancelarios eludiendo al Parlamento. El último intento de frustrar la política arancelaria de Trump fracasó en una votación en el Senado, a pesar de que los políticos republicanos ya habían criticado a Trump porque sus votantes temían un fuerte aumento de precios debido a los aranceles de importación. La presión de la Casa Blanca resultó ser excesiva, o la valentía de los senadores insuficiente.

Ahora está en manos de la Corte Suprema decidir si Trump puede imponer un impuesto sin autorización del Congreso. Después de que siete de los once jueces de la corte de apelaciones instruyeran provisionalmente al presidente a finales de agosto, la audiencia del caso, presentado por doce estados, comenzará a principios de noviembre. A pesar del predominio de los jueces nominados por los republicanos en la Corte Suprema, el resultado es impredecible.

Una inusual carta abierta emitida con antelación demuestra lo explosiva que será esta decisión: Abogados libertarios y conservadores, junto con liberales, advierten que el apoyo de la corte a la "imposición de impuestos por mera proclamación" del presidente constituiría una violación de la Constitución, ya que el derecho a imponer impuestos reside claramente en el Congreso. Una decisión a favor de la política arancelaria de Trump abriría la puerta a la recaudación arbitraria de impuestos, continúa la carta. "No se debe permitir que la autoridad para imponer impuestos caiga silenciosamente en manos del presidente debido a la inflexibilidad, la desatención o las interpretaciones creativas de la ley".

En contraste, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirma que la cancelación de los ingresos arancelarios ya obtenidos y la consiguiente puesta en peligro de los acuerdos comerciales previamente negociados serían "catastróficas". El propio Trump escribe que una decisión en su contra representaría la "destrucción literal" de Estados Unidos y degradaría al país a la categoría de "nación del Tercer Mundo".

Además de los vendedores extranjeros que dudan de si podrán vender sus productos en EE. UU., los actores de la industria estadounidense también están preocupados por su rentabilidad en las próximas condiciones. General Motors, por ejemplo, afirma que el aumento de los aranceles supondrá un gasto de cinco mil millones de dólares solo este año. Además, los inventarios de la época anterior a la errática política arancelaria de Trump están disminuyendo, y los distribuidores a menudo no están seguros de las condiciones bajo las cuales deben realizar sus pedidos ni de los precios de sus productos.

Muchas empresas también dependen de maquinaria extranjera. Cuando los políticos pronuncian discursos en las fábricas sobre el "renacimiento de la industria estadounidense", a menudo se les muestra después en la planta que las máquinas utilizadas en la producción provienen de Europa o Asia. Sin embargo, estos momentos reciben mucha menos atención mediática que el arresto de 300 empleados surcoreanos de Hyundai en capacitación en Georgia por parte de las autoridades de inmigración estadounidenses. Según los economistas, la globalización no se puede deshacer simplemente con una ronda de aumentos arancelarios, por radicales que sean.

Si la Corte Suprema da luz verde a la Casa Blanca sobre la legitimidad de la política comercial de Trump, esto plantearía interrogantes sobre una reorientación fundamental de la separación de poderes en el sistema político estadounidense: un poder ejecutivo enormemente fortalecido podría prevalecer sobre cualquier otra institución en caso de conflicto. El presidente tendría un poder sin precedentes no solo sobre jefes de estado y directores ejecutivos de empresas de todo el mundo, sino también sobre el bolsillo de sus propios ciudadanos.