Nueva operación revela fraude de R$ 126 millones contra más de 100 mil jubilados del INSS

La segunda fase de la Operación Retomada, realizada este viernes 16, sacó a la luz un esquema de fraude que provocó pérdidas de más de 126 millones de reales a más de 100 mil jubilados y pensionistas en todo Brasil. La investigación está a cargo del Ministerio Público de Paraíba (Gaeco/MPPB), con apoyo de la Contraloría General de la Unión y de la Policía Civil.

Según el Ministerio Público, 11 asociaciones ficticias interpusieron demandas para obtener decisiones favorables de manera ilegal. El objetivo era aplicar descuentos indebidos en los beneficios de la seguridad social, principalmente a las personas mayores, sin el consentimiento de las víctimas. La red involucraba jueces, abogados, servidores públicos y entidades fantasma.

La mayoría de los afectados reciben jubilación o pensión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El grupo utilizó decisiones judiciales manipuladas para justificar los descuentos mensuales, bajo el falso argumento de que eran contribuciones a la asociación. En la práctica, se trata de cantidades que corresponden a préstamos con tipos de interés abusivos, contraídos sin conocimiento de los beneficiarios. El INSS no participó en el fraude, pero fue utilizado como instrumento para implementar los descuentos.

Las asociaciones atrajeron a personas mayores con la promesa de servicios inexistentes. El grupo también obtuvo decisiones judiciales que suspendieron las cuotas de préstamos antiguos, lo que abrió espacio para nuevos contratos —sin saldar los anteriores—, aumentando la deuda de las víctimas.

Las acciones se produjeron en distritos específicos, donde el grupo ejercía influencia. Muchos casos se manejaron en secreto, lo que dificultó el acceso de las víctimas a la información e impidió la actuación del Ministerio Público.

“ También se constató que se estaban realizando acciones legales contra los programas de fidelización de aerolíneas, cuyas decisiones apuntaban a garantizar ilegítimamente la reactivación de créditos vencidos o la reversión de políticas contractuales de los programas, generando beneficios financieros indebidos para los participantes del esquema ”, informó la CGU.

El juez Glauco Coutinho, del distrito de Gurinhém (PB), fue destituido de su cargo. Tres abogados también son objeto de las investigaciones, según Gaeco.