Las nucleares últiman una inversión que deje Almaraz lista para operar tres años más

“Por nosotros que no quede”. Este es el espíritu que se ha instalado entre las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Ibedrola, Endesa y Naturgy) en lo que se refiere a la posible modificación del calendario de cierre nuclear en España. Las energéticas están a punto de cerrar un acuerdo con el que darle al Gobierno una señal de su interés por retrasar, al menos tres años, el calendario de cierre nuclear.

La fórmula no será por escrito como ha solicitado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ni como lo pidió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados. El movimiento empresarial, del que es conocedor el Ejecutivo aunque solo de manera oficiosa, viene dado por la presión que imponen los plazos que supone una infraestructura tan complicada como una central nuclear. “Es imperativo que, para que Almaraz pueda ampliar su actividad, si así se decide finalmente, se aborden ya las decisiones para que se haga con total seguridad. No hacerlo supondría dar por cerradas las nucleares en España y eso es una temeridad”, aseguran fuentes conocedoras de ese plan.

La solicitud formal de un retraso del calendario nuclear podría demorarse hasta marzo del 2026

El acuerdo que tienen en ciernes las energéticas se centra en hacer un cálculo certero del coste de actualización de los sistemas de seguridad, las autorizaciones de formación para el personal que opera la central cuyas licencias deben estar en regla para estos años adicionales, y también hacer el pedido de las necesidades de combustible adicional al menos para llegar al 2030, año hasta el que la central tiene autorización de funcionamiento por parte de Consejo de Seguridad Nuclear. Son unos 13 millones de euros.

Este cambio de posición es lo que ha motivado que la reunión de la empresa responsable de la gestión y operación de Almaraz, (CNAT) que estaba prevista para el próximo 20 de mayo haya sido retrasada a junio.

Se trata de una señal que el Gobierno conoce solo de forma oficiosa

Las energéticas quieren dar la señal que pide el Ejecutivo sin asumir el compromiso legal que supondría trasladar una petición oficial de ampliación de las plantas al Gobierno. “Para eso queda tiempo. El Consejo de Seguridad Nuclear establece que la petición de cierre de una central debe solicitarse un año y medio antes de la fecha prevista. En el caso de Almaraz I, la primera en cerrar, esa fecha estaría en los alrededores de marzo de 2026.

Es decir, con esta decisión, las nucleares ganarían más de un año para negociar con el Gobierno. Son muchos los argumentos que están poniendo sobre la mesa para convencer al Ejecutivo como, por ejemplo, “la incoherencia de que las plantas que tienen dos reactores como Almaraz y Ascó los cierren de forma desacompasada, sobre todo con los dos años de diferencia del segundo reactor. Podría generar riesgos operativos”, apuntan. Otro de los puntos que esgrimen para poner en cuestión el cierre de Almaraz en 2027 es que la ley marca que Enresa no comenzaría su desmantelación hasta 2030. “No queremos que pase como en Garoña que estuvo años parada sin producir electricidad y sin ser desmantelada”, apuntan.

El Gobierno insiste en que deben ser las propietarias las que paguen el coste de la desmantelación

Aunque el verdadero escollo en este momento para mover el calendario es quien paga la decisión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, han pasado del no rotundo a considerar el retraso a solicitar a las empresas que lo pidan y sobre todo que lo paguen.

El primer paso está “casi dado”. El segundo es el que se debe limar. “Nosotros asumimos el principio de que quien contamina paga y en ningún momento hemos dicho que no asumamos la tasa Enresa. No la van a pagar los ciudadanos”, aseguraba el pasado 6 de mayo Santiago Araluce, presidente del Foro Nuclear, la patronal del sector, en respuesta al presidente.

Lo que complica la negociación es precisar donde se pone la frontera de ese coste, la tasa Enresa, que es como se conoce el coste del desmantelamiento del parque nuclear y la gestión de los residuos. Desde el 2024 supone un cargo de 10,3 euros por MWh. Su incremento está recurrido en los tribunales por las empresas. Pero más allá de esa tasa, sus demandas se centran en reclamar una rebaja de impuestos. “Lo que nos parece injusto es que la tecnología nuclear tenga que asumir impuestos que no asumen el resto de tecnologías, porque eso es lo que nos impide ser rentables”, apuntaba Araluce y lo han reiterado en diversas ocasiones los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola. Reclaman, que al menos se les recorten gravámenes exclusivos del sector, como los 5,1 euros MWh del impuesto al combustible gastado o las ecotasas autonómicas que solo mantienen Extremadura y Catalunya. Sánchez oficialmente no se mueve de su sitio. “Cualquier modificación de esa tasa sería considerada ayuda de Estado por Bruselas”, apunta el presidente.