Conflicto, clima y pobreza agravan la inseguridad alimentaria en Colombia

La inseguridad alimentaria aguda en Colombia alcanzó niveles significativos a finales de 2024. Según el Global Report on Food Crises 2025, publicado por la Red Global contra las Crisis Alimentarias, aproximadamente 7,8 millones de personas, es decir el 15% de la población, enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda entre octubre y diciembre de ese año.

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El informe identifica múltiples factores que convergen en la crisis, entre ellos el conflicto armado, eventos climáticos extremos y choques económicos. De hecho, las regiones más afectadas fueron Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada.

“En estas zonas, la inseguridad y la competencia por el control territorial entre grupos armados no estatales han limitado severamente la seguridad alimentaria”, señala el documento. La violencia ha impedido las labores agrícolas, restringido la movilidad de las comunidades rurales y dificultado el acceso a mercados y servicios básicos.

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“La contaminación por minas terrestres y la amenaza de violencia han disuadido a los agricultores de cultivar sus tierras”, advierte el informe, citando información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de las Naciones Unidas.

A estas dinámicas se sumaron desastres naturales que afectaron a cerca de 2 millones de personas durante 2024. En noviembre, el gobierno nacional declaró por segunda vez en el año el estado de emergencia nacional a raíz de fuertes lluvias e inundaciones, especialmente en los departamentos de Chocó y La Guajira.

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Estos eventos extremos se presentaron en un contexto de variabilidad climática que también provocó sequías en algunas regiones. “La cosecha menor de maíz en 2024 fue inferior al promedio debido a la sequía, lo que redujo las siembras”, reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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Los impactos también se observaron en los principales departamentos productores, como Meta y Tolima, donde las precipitaciones estuvieron por debajo del promedio. A pesar de que se esperaban condiciones de La Niña relativamente débiles y de corta duración en los primeros tres meses de 2025, los efectos acumulados del clima adverso ya habían repercutido en la producción agrícola.

El documento destaca además los efectos de las desigualdades estructurales y las condiciones económicas adversas. Colombia, clasificado como un país de ingreso medio-alto, mantiene una alta desigualdad medida por un coeficiente de Gini de 51,5% y niveles de pobreza cercanos al 40%. “Estas condiciones socavan la capacidad de los hogares para acceder a alimentos y servicios esenciales”, indican.

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Migración

Para las poblaciones migrantes y refugiadas, el panorama es más complejo. De los 2,9 millones de personas en situación de refugio o protección internacional en el país, un millón, es decir, el 37% de la población analizada con intención de permanencia, enfrentó altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Entre ellos, 100.000 personas se encontraban en niveles severos de inseguridad, según datos de febrero de 2025.

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“El desempleo entre migrantes se sitúa en 18%, casi el doble del registrado entre residentes colombianos”, mencionan. Añaden que también el 44%de los hogares migrantes con intención de asentamiento vive por debajo de la línea de pobreza nacional. Esta situación representa una mejora respecto a 2022, cuando el 62% de la población migrante y refugiada analizada sufría altos niveles de inseguridad alimentaria. No obstante, la proporción sigue siendo elevada y requiere atención sostenida.

El conflicto armado interno, aunque históricamente presente, se intensificó a comienzos de 2025, generando nuevos desplazamientos internos. En noviembre de 2024, el número total de personas desplazadas en el país alcanzó los 7 millones, según datos del Gobierno.

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La persistencia de los enfrentamientos entre actores armados ilegales no solo ha deteriorado las condiciones de seguridad sino que también ha interferido con los programas estatales y humanitarios destinados a mejorar la producción alimentaria y el acceso a alimentos en comunidades vulnerables.

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El informe también documenta la evolución histórica de la crisis alimentaria en Colombia. Mientras que los datos de la población residente empezaron a incluirse formalmente en el GRFC desde 2023, la situación de los migrantes y refugiados ha sido analizada desde 2019, salvo en 2021 y 2022, cuando no se cumplían los requisitos técnicos de inclusión. Durante este período, el número de migrantes y refugiados analizados pasó de 1,1 millones en 2018 a 4,5 millones en 2023, con una evolución paralela en la severidad de sus condiciones alimentarias.

Las agencias internacionales advierten que la combinación de violencia, eventos meteorológicos extremos y precariedad económica representa un desafío sostenido para la seguridad alimentaria en Colombia. En palabras del informe, “el agravamiento de estas dinámicas en 2024 y principios de 2025 requiere respuestas integrales que aborden tanto la emergencia inmediata como las causas estructurales de la inseguridad alimentaria”.

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