Recortes del gobierno de Lula paralizan monitoreo de calidad de combustibles, dice ANP

La junta directiva de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) decidió suspender temporalmente, a partir del 1 de julio de 2025, el Programa de Monitoreo de la Calidad de los Combustibles (PMQC), responsable de supervisar el cumplimiento normativo y la seguridad de los productos vendidos en las gasolineras brasileñas. Además, se reducirá el alcance de la Encuesta de Precios de los Combustibles (LPC), que proporciona a los consumidores información semanal sobre los precios cobrados en cientos de municipios.

Las medidas son consecuencia directa de los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A finales de mayo, la Presidencia bloqueó R$7,1 millones y destinó otros R$27,7 millones del presupuesto de la ANP. Como resultado, el monto disponible para gastos discrecionales de la agencia en 2025 se redujo de R$140,6 millones a R$105,7 millones.

En un comunicado oficial, la ANP reconoció que la crisis presupuestaria no es nueva. Según los valores actualizados por el IPCA, el monto autorizado para gastos discrecionales se redujo un 82 % en poco más de una década, de R$749 millones en 2013 a tan solo R$134 millones en 2024.

Ante la falta de recursos, la ANP anunció una serie de acciones de emergencia:

• Suspensión del PMQC por 30 días (del 1 al 31 de julio);
• Reducción de la muestra del LPC, alcanzando la encuesta un máximo de 390 municipios en el 2º semestre de 2025 para combustibles automotrices (se esperaban 459), y 175 para precios de GLP;
• Recortar el gasto en billetes y dietas;
• Reducción de recursos para acciones de inspección;
• Celebración remota de reuniones, audiencias públicas y eventos institucionales.

La junta también indicó que está tratando de negociar ajustes presupuestarios con el gobierno federal para asegurar la continuidad de sus operaciones en 2025.

Mientras tanto, el impacto de la suspensión del PMQC y la reducción del LPC podría ser sentido directamente por los consumidores, quienes quedarán temporalmente sin un control efectivo de la calidad de los combustibles comercializados en el país y con menor transparencia respecto de los precios cobrados en los surtidores.