El INSS inicia la revisión de las prestaciones pagadas para intentar prevenir nuevos fraudes en el futuro

La revisión de los procesos de concesión de todos los beneficios pagados por el INSS se inició tras la revelación de un esquema de fraude contra 9 millones de jubilados y pensionados que puede haber desviado cerca de R$ 6 mil millones en descuentos asociativos, además de la sospecha de irregularidades en préstamos de nómina.

Este tipo de “limpieza” no afecta los pagos a los beneficiarios, como anunció el año pasado el gobierno en medio de las medidas de ajuste fiscal. La revisión, según el presidente de la organización, Gilberto Waller Júnior, tiene como objetivo descubrir lagunas que puedan estar siendo utilizadas por terceros para cometer fraudes.

“Estamos revisando todos los procesos. No quiero una revisión de los costos de los jubilados. No quiero una revisión de los gastos de jubilación. Quiero que quienes tienen derecho reciban lo que les corresponde. Y cuando hablamos de revisar los procesos, no de revisar los BPC ya otorgados, el seguro de desempleo ni las prestaciones por discapacidad, debemos analizar el inicio, el desarrollo y el final de todos ellos”, declaró Waller en una entrevista con Folha de S. Paulo publicada este domingo (11).

Según él, la revisión también pretende intentar reducir la burocracia en el proceso de concesión de prestaciones y garantizar el pago a quienes lo necesitan, sobre todo teniendo en cuenta la “muy alta” cola de personas en espera.

Hay colas innecesarias. Pronto lanzaremos un programa para minimizar los problemas de colas y buscar una solución a largo plazo, dijo.

El escándalo del cobro irregular de cuotas mensuales a jubilados y pensionados por parte de asociaciones llevó a la Procuraduría General de la República (AGU) a solicitar el congelamiento de activos de 12 entidades, además de otras 6 personas y 8 consultoras y firmas de abogados que presuntamente pagaron sobornos a empleados del INSS para autorizar descuentos ilegales.

Sin embargo, entidades citadas por la Policía Federal en la investigación como sospechosas de promover descuentos irregulares –entre ellas Sindnapi, que tiene como vicepresidente al hermano del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)– no fueron apuntadas por la AGU en este momento . Para Waller, la evidencia recabada hasta el momento apunta a irregularidades sólo en estas 12 entidades.

Los 12 pagaron sobornos o no estaban en condiciones de operar. El único propósito era cometer fraude. Las demás empresas incluidas en el informe no han sido probadas hasta la fecha. Las investigaciones siguen en curso, explicó.

Según él, si uno u otro aparece pagando sobornos, como un fantasma, sin condiciones de funcionamiento, la CGU investigará y podrá abrir procesos contra los demás. Gilberto Waller Júnior, sin embargo, evitó explicar la coincidencia de los vínculos entre las entidades citadas por la Policía Federal que no eran objetivos de la AGU.

Esta situación se resolvió técnicamente. No puedo clasificar ninguna otra conducta según la ley anticorrupción. No cuento con elementos suficientes en este momento, añadió.

Waller también señaló que el fraude se intensificó durante la pandemia, cuando las inspecciones en persona fueron reemplazadas por procesos electrónicos, lo que abrió lagunas para las irregularidades. Según él, muchos de los implicados en los fraudes de 2019 y 2020 están reapareciendo ahora en los mismos esquemas.

Otra revisión que se debe realizar es sobre los préstamos de nómina, los cuales pueden comprometer hasta el 40% del valor del beneficio. Para él, no es tarea del INSS gestionar esta modalidad, teniendo que asumir el coste de imagen cuando posteriormente aparezca alguna irregularidad.

“La función del INSS es otorgar y mantener las prestaciones de la seguridad social. No es una institución financiera. No otorga préstamos”, afirmó.

En su opinión, el modelo actual fomenta el fraude y es necesario volver a analizarlo. Una de las alternativas sería terminar con la participación del INSS en el proceso de préstamo, ya que el organismo no lucra con ese servicio y, según él, recibe apenas R$ 117 millones por año, un valor irrisorio comparado con el desgaste.