¿Vamos por el camino correcto?

Todo para el partido en el poder. Así, la aprobación a la reforma de la ley de la Guardia Nacional por la cámara de diputados en lo general y lo particular, consolida lo que ya desde hace unos años se veía en el horizonte, la concentración y gestión de la seguridad en manos de las fuerzas armadas, dotadas de capacidades cada vez más amplias para gestionar, intervenir y operar, para salvaguardar la seguridad ciudadana y el territorio. Nos guste o no, el proceso sigue su curso, y las atribuciones a las fuerzas armadas crecen tanto en la vía económica, de seguridad e institucional. Si bien es cierto que los artículos 164 -reclasificaciones y transferencias-, confirma la desaparición de la perspectiva civil y el artículo 44, reconoce la participación de los miembros de la Guardia Nacional en funciones políticas, lo cual implica la búsqueda de cargos de elección popular, mediante una licencia especial, sin aclarar ¿Cómo van a participar? ¿Como colaboradores de gobierno o como oposición al mismo?, muchos cuestionamientos surgen y más en nuestro contexto actual, tanto político como criminal.

A su vez, se suman facultades de investigación bajo el mando de ministerios públicos, -que en muchos casos tienen una profesionalización vulnerable o deficiente-, lo cual implica adquirir facultades ampliadas para incursionar en tareas de investigación ministerial -con una Fiscalía General de Justicia debilitada- y de inteligencia para la prevención y persecución de delitos, con colaboraciones interinstitucionales con organismos de inteligencia -CNI- y de información, donde se dará seguimiento y revisión a redes sociales, telecomunicaciones, interferir en conversaciones privadas, entre otras acciones para tejer redes de información con los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.

En este sentido, se espera la permanencia operativa en los territorios de la Guardia Nacional, presencia militar más amplia, aunque se insiste en que se garantizaría la privacidad y seguridad de las personas. Así las preguntas que preocupan son sensatas bajo este escenario y la realidad que nos toca vivir todos los días: ¿Cómo se garantizará la seguridad de los ciudadanos y su privacidad? ¿Quién y cómo se verificará el trabajo de la Guardia Nacional? ¿Cómo se generarán los contrapesos y observaciones críticas que permitan certificar como actúa la autoridad y la sancionará en caso de abuso? ¿Habrá espacio para el diálogo la contribución desde la organización civil? Las preguntas y sospechas sobre estas medidas son válidas, siguiendo la línea de tiempo del proyecto nacional, que ha apostado por la desaparición de organismos autónomos en el país, la incapacidad para la rendición de cuentas, el desmantelamiento de la Suprema Corte de Justicia, y la renovación de ministros “elegidos “y funcionarios en áreas jurídicas tan cuestionada, una Comisión de Derechos Humanos poco presente y a veces a modo, una militarización clara de la seguridad pública, y una ampliación de funciones de las fuerzas armadas -al menos 38 contabilizadas al día de hoy en multiplicidad de tareas importantes, que antes eran civiles-, nos hacen preocuparnos sobre las formas mediante las cuales un estado que se dice democrático podrá ejercer sobre sí mismo controles, mecanismos de seguimiento, contención y de transparencia.

Acumular tanto poder en una sola bolsa, puede terminar por desgarrarla por la propia incapacidad de autorregulación. Para esto se requieren siempre equilibrios fuera de la propia lógica gubernamental que permita abrir posibilidades para evitar destruir nuestras propias instituciones por acumulación excesiva del ejercicio de poder y luchar contra la opacidad. Un horizonte preocupante se ve en los siguientes meses por venir para el país y nos tocará construir y vincular una nueva ciudadanía, más activa, atenta y responsable, que defienda su libertad de expresión, haga preguntas abiertas, exija rendición de cuentas y tenga el reconocimiento como actor y colaborador contributivo con las instituciones, porque esto nos toca como sociedad, de ahí que habrá que refundar nuestro presupuesto cultural y político de ciudadanía… ¿Estaremos dispuestos a estar a la altura de las circunstancias?