Fuerte impacto por la baja de aranceles: preocupación en Tierra del Fuego por el futuro de su régimen industrial
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares encendió las alarmas en Tierra del Fuego. Aunque la medida aún no fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial, ya generó un fuerte rechazo entre empresarios, funcionarios y legisladores de la provincia, que alertan sobre las consecuencias para la continuidad del régimen de promoción industrial vigente desde hace más de cinco décadas.
El gobernador Gustavo Melella fue uno de los primeros en manifestar su rechazo. A través de sus redes sociales, advirtió que se trata de «un golpe muy duro» para la industria local y vinculó la decisión a presiones del Fondo Monetario Internacional: «La industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico que no existe en ninguna otra parte del país», afirmó.
Desde el Gobierno, la respuesta no se hizo esperar. El vocero presidencial Manuel Adorni salió al cruce del mandatario provincial y sostuvo que «al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos». En su mensaje, remarcó: «Señores, la libertad avanza».
Estimado Gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos.No hay nada que temer.Señores, la libertad avanza.
La medida también generó preocupación entre dirigentes de la oposición. La senadora peronista Cristina López señaló que el fin de los aranceles «va a provocar desempleo, desinversión y un devastador impacto social» en la provincia más austral del país. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) advirtieron que la baja de aranceles genera un escenario incierto y que habrá que evaluar el comportamiento del mercado en los próximos meses.
Dante Sica, exministro de Producción y actual director de Abeceb, opinó que con arancel cero «la conveniencia de fabricar en Tierra del Fuego pasa a ser prácticamente nula». Según su análisis, muchas empresas podrían migrar la producción hacia otras provincias o directamente optar por importar. «Veremos una reconfiguración del esquema actual», anticipó.
Aunque algunas firmas aún analizan el impacto concreto de la medida, otras vinculadas a la importación celebraron el cambio. Ariel Elizalde, de Positivo Argentina, sostuvo que permitirá «acceder a precios más competitivos y alineados con el mercado internacional». Desde otras marcas, en cambio, predomina la cautela. «Estamos leyendo la letra chica. Si conviene seguir en Tierra del Fuego, lo haremos», aseguraron a Infobae.
Más allá del impacto en las empresas, el nuevo esquema también tiene implicancias fiscales. Según un informe del centro de estudios Fundar, el régimen de promoción industrial representa un costo para el Estado de USD 1.070 millones al año, lo que equivale al 0,22% del PBI. De ese monto, USD 630 millones corresponden a beneficios en el IVA, y otros USD 436 millones al tratamiento arancelario preferencial.
El economista Juan Carlos Hallak, uno de los autores del informe, explicó en redes sociales que si bien la competencia con productos importados podría reducir la producción local, también aumentaría la recaudación por IVA. Además, descartó una crisis terminal del régimen: «El ensamble de celulares emplea a unas 10.000 personas y ni siquiera es obvio que se vaya a reducir tanto la producción».
La producción de celulares ya venía en retroceso. En 2024 se fabricaron 5,5 millones de unidades, una cifra menor a la del año anterior. En el primer trimestre de 2025 se ensamblaron poco más de 1,4 millones de teléfonos. A eso se suma el problema del contrabando: uno de cada tres celulares que se venden en el país ingresó de forma ilegal, según estimaciones del sector.
En este contexto, la industria fueguina enfrenta una presión doble. Por un lado, la baja de aranceles reducirá la protección frente a los productos importados. Por otro, la caída de impuestos internos -que también alcanza a los celulares ensamblados en el país- podría amortiguar parte del impacto. Sin embargo, tanto en el sector privado como en el Gobierno provincial coinciden en que la competitividad se verá afectada.
En Afarte insistieron en que seguirán trabajando para mantener la actividad y que la clave estará en la articulación con todos los actores de la cadena, incluyendo trabajadores, proveedores y el sector minorista. «La baja de impuestos internos es positiva, pero el recorte arancelario nos obliga a reformular toda la ecuación», explicaron.
Desde las empresas, aún nadie se anima a confirmar si habrá traslado inmediato a precios. Algunas marcas podrían anticiparse con rebajas en góndola, pero otras prefieren esperar. Por ahora, calculadora en mano, todos analizan los efectos de una medida que podría marcar un punto de inflexión en la historia del régimen industrial de Tierra del Fuego.
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