El primer examen a la reducción de jornada de Díaz da alas al plan de Cuerpo para flexibilizar los plazos y acompañar a las empresas afectadas

Sobre la reducción de la jornada laboral aún no hay última palabra. La medida todavía tiene que ser refrendada por segunda vez en Consejo de Ministros antes de iniciar la tramitación parlamentaria. Y si el primer visto bueno a la norma pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sólo se produjo tras un tenso conflicto entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Carlos Cuerpo, en esta segunda vuelta la tensión entre ambos podría reavivarse porque ninguno de los dos ha cambiado de opinión, pero el titular de Economía cuenta ahora con el respaldo del Consejo Económico y Social (CES), que ha aprobado un dictamen que prácticamente calca sus argumentos respecto a la forma en la que se debe desplegar la reducción de la jornada en las empresas.

El dictamen validado ayer por el órgano consultivo del Gobierno en materia laboral, que es fruto del consenso entre empresarios, sindicatos, organizaciones del tercer sector y expertos gubernamentales, supone el primer examen de facto a la reforma estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura. Y aunque reconoce "la importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral", lo hace incidiendo sobre la "relevancia social, económica y empresarial" y sobre la necesidad de garantizar "en todo momento un equilibrio entre los derechos de las personas trabajadoras y las necesidades organizativas y productivas del tejido empresarial". Y a partir de ahí está repleto de advertencias.

Díaz considera que el dictamen respalda su iniciativa y en declaraciones a los medios destacó ayer que se haya aprobado "prácticamente por unanimidad, salvo una abstención y dos votos en contra (de los sindicatos CIG y ELA) de 56 miembros". Sin embargo, fuentes al tanto del trasfondo de la votación explican que la "enorme división" en el grupo "obligó a redactar un texto en el que están recogidas todas las posturas" y, aunque se valore la reducción de la jornada como una medida "positiva", se acordó dejar negro sobre blanco una serie de "toques de atención". "El dictamen no es vinculante, pero es una desautorización a Díaz", afirman estas fuentes.

En concreto, se critican las formas del Gobierno por la "excesiva premura" en los plazos de alegaciones, así como la falta de un análisis de impacto económico completo y, sobre todo, se advierte sobre la necesidad de establecer un "marco más flexible" para la entrada en vigor de la norma. "Esto será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades", recoge el dictamen, que cita como ejemplo las agrarias o pesqueras.

Además, los miembros del CES consideran "imprescindible que se aplique una política de medidas de acompañamiento, complementarias a las de adaptación que se puedan llevar a cabo por parte de la negociación colectiva, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y la aplicación eficaz de la norma por las empresas", tal y como ha venido defendiendo el ministro Cuerpo, que ha apostado literalmente por el despliegue de "planes de acompañamiento" para que las empresas digieran la reducción de la jornada laboral.

El informe también cuestiona el apartado de la reforma relativo a la desconexión digital, donde el grupo tampoco ha alcanzado grandes consensos más allá de reclamar seguridad jurídica introduciendo excepciones a la prohibición de contactar con los trabajadores fuera del horario laboral. También piden que se tenga en cuenta el tamaño y la actividad de las empresas a la hora de imponer el registro horario digital y que se garantice la protección de datos y la ciberseguridad al dar acceso a la Inspección de Trabajo en tiempo real, para "minimizar el elevado riesgo de ataques informáticos".

Trabajo se abre a desarrollar reglamentariamente algunos aspectos de la desconexión digital en ciertos sectores y, en general, tomará en consideración las aportaciones del CES para hacer algunos ajustes técnicos, según confirmaron ayer fuentes del ministerio. Incluso, se estudiará la posibilidad de conceder un plazo de adaptación a las empresas que no estén cubiertas por un convenio colectivo. Pero Díaz no tiene intención de mover la fecha de entrada en vigor de la norma, que mantendrá en el 31 de diciembre de 2025.

Para la vicepresidenta, el dictamen supone un paso más hacia la reducción de la jornada laboral. En su departamento defienden que no sólo respalda la iniciativa sino que impulsa la medida en su camino hacia el Parlamento. Sin embargo, previamente deberá ser ratificada de nuevo en Consejo de Ministros, algo que podría producirse en el mes de marzo, y no se descartan nuevas tensiones con el ministro Cuerpo tras conocer el respaldo del CES a sus planteamientos. Incluso, el informe podría ser utilizado posteriormente por los grupos parlamentarios críticos con la medida para justificar peticiones de flexibilizar los plazos de entrada en vigor y acompañar a las empresas con un paquete de ayudas, tal y como plantea el Ministerio de Economía.