El Congreso se alista para el segundo 'round' del Presupuesto General del 2026

El reloj de la ley orgánica del presupuesto volvió a marcar un hito silencioso, pero definitivo, luego de que el pasado domingo 14 de septiembre, venciera el plazo para que las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara votaran el monto del Presupuesto General de la Nación 2026 y no se diera siquiera la citación oficial, por lo que ahora el proyecto llegará al Congreso tal como lo planteó el Gobierno, con un valor total de $557 billones, sin que se haya discutido o reducido un solo peso en esa primera instancia.

De acuerdo con los analistas, dicha omisión tiene consecuencias políticas y fiscales de gran calado, ya que lo que se discuta a partir de ahora no será si el Presupuesto es de $557 billones, $547 billones o $530 billones, como reclamaban algunos sectores, sino si se aprueba o se niega en bloque.

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Todo esto, mientras la nueva fecha clave será el próximo 25 de septiembre, cuando las comisiones económicas deberán definir si el texto del Presupuesto avanza hacia la plenaria o se hunde en su totalidad; mientras que antes de ese día no solo se intensificarán las negociaciones entre Gobierno y Congreso, sino también los cálculos en torno a la posibilidad de que, una vez más, el país termine bajo un escenario de “dictadura fiscal”, con el Ejecutivo expidiendo el plan de gasto por decreto, como ya ocurrió el año anterior.

La estrategia del Gobierno es evidente para varios analistas y apunta a apostar a que las mayorías en el Congreso no logren conformarse, permitir que el proceso se desgaste y finalmente abrir la puerta a un decretazo. Este camino, aunque legal, mina la legitimidad del proceso y refuerza la percepción de que el Ejecutivo prefiere evitar el debate abierto sobre un plan fiscal que está lleno de tensiones y limitaciones.

Costos ocultos

A esto se suma en las últimas horas un informe de la Universidad San Buenaventura que habla sobre una serie de “costos ocultos” que trae dicho proyecto y que tendrán un impacto muy serio en la economía, tanto en lo fiscal, como en el manejo de la deuda, la dependencia de una reforma tributaria y en el poco margen de maniobra que tendrá el próximo gobierno.

El análisis, encabezado por Julio Enrique Duarte, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, prende varias alarmas sobre la sostenibilidad del plan de gasto, comenzando porque el 91,4% del presupuesto ya está comprometido en pensiones, salud, transferencias y salarios.

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“Esto significa que solo un 8,6% queda disponible para inversión nueva, obras de infraestructura o programas sociales, lo que en la práctica deja sin oxígeno a la capacidad del Estado de responder a nuevas demandas ciudadanas o de impulsar proyectos estratégicos”, sostuvo.

A esa rigidez estructural se suma un segundo factor y es la dependencia de una reforma tributaria de $26,3 billones; ya que el Presupuesto 2026 solo cierra sus cuentas si el Congreso aprueba esa iniciativa, algo que a esta altura parece poco probable sin cambios de fondo, teniendo en cuenta factores como el ambiente político en vísperas electorales, la resistencia de los gremios y la presión de la oposición hacen pensar que el monto final de recaudo será menor.

Así mismo, si la tributaria no recauda lo esperado, las opciones se reducen a dos, que son recortar gastos o asumir más deuda y vale la pena decir que ninguna de esas salidas es sencilla ni popular.

“El tercer costo oculto está en el déficit que ya arrastra el proyecto. Aun con la reforma, persiste un hueco de $12 billones sin fuente clara de financiación. Ese vacío es un recordatorio de que, más allá de los discursos, las cuentas del Estado no cierran y cualquier escenario de menor recaudo obligará a ajustes más severos”, agregaron.

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El cuarto elemento crítico es la pesada carga de la deuda, puesto que solo en intereses, el Presupuesto proyecta destinar $70,7 billones, una cifra que compite en magnitud con lo que el país gasta en inversión. Esto quiere decir que buena parte de los recursos públicos no financian programas nuevos ni apoyan a las familias o a las empresas, sino que se destinan a cumplir con los compromisos de la deuda acumulada.

Dicho esto, no sobra agregar que en un contexto de tasas de interés altas, con la política monetaria del Banco de la República todavía en 9,25%, este rubro seguirá presionando el espacio fiscal en los próximos años.

Un semáforo de posibilidades

El informe de la Universidad de San Buenaventura plantea tres escenarios posibles para las finanzas nacionales, que funcionan como un semáforo de advertencia, comenzando por el verde, en el que si se aprueba la reforma completa, el déficit podría bajar al 3,5% del PIB y la deuda estabilizarse en torno al 63%, lo que daría un respiro a la economía y permitiría que los subsidios a la energía y al transporte se mantengan sin mayores ajustes.

En amarillo, si la reforma pasa de manera parcial, el déficit subiría al 4,7% y la deuda al 65%, lo que forzaría un recorte de $13 billones, afectando sobre todo la inversión en obras regionales, con un impacto directo en el empleo en construcción y en el dinamismo de las economías locales.

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“Los créditos seguirían caros, con tasas que solo bajarían lentamente, y los subsidios tendrían menos espacio fiscal, con el riesgo de incrementos graduales en tarifas de energía y gasolina”, dice el reporte.

En rojo, el escenario más crítico, es que si no hay reforma, el déficit superaría el 5,5% del PIB y la deuda se acercaría al 67%. En este caso, el Gobierno estaría obligado a recortar hasta $26 billones o a endeudarse más agresivamente, lo que tendría un efecto inmediato en la vida cotidiana: alzas más rápidas en gasolina, electricidad o transporte público, encarecimiento de los créditos de consumo e hipotecas, y menor inversión regional con pérdida de empleos.

“Para las familias, los costos ocultos del presupuesto no son cifras abstractas, sino riesgos concretos. Un recorte de subsidios al combustible, por ejemplo, podría encarecer en $20.000 mensuales el gasto de un hogar que consume 50 galones al mes. Una subida de medio punto en las tasas de interés elevaría las cuotas de créditos hipotecarios o de consumo”, resalta el informe.Así, el Presupuesto 2026 se convierte en un campo de batalla donde no solo se juega la sostenibilidad fiscal, sino también la legitimidad del proceso democrático; mientras que el hecho de que llegue al Congreso por $557 billones, sin debate previo, es un síntoma de la fragilidad institucional y de la estrategia de presión política del Gobierno. DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio