El Estado en subasta

El gobierno ha anunciado un recorte de los créditos presupuestarios: habría que buscar inmediatamente un ahorro de 40.000 millones de euros en los presupuestos del Estado, de las colectividades locales y de la seguridad social. ¡Como si los diversos servicios públicos rebosaran de recursos para satisfacer las necesidades!

De hecho, la paradoja –un alto nivel relativo de gasto coexistente con una insuficiencia de recursos asignados a los servicios públicos– puede explicarse. El dinero público ha ido a parar a otras partes. A lo largo de las crisis, los gobiernos han asignado nuevas funciones a los presupuestos: la redistribución del ingreso favorece ahora a las clases sociales más ricas (reducción de la progresividad del impuesto sobre la renta, abolición del impuesto a las grandes fortunas, reducción del impuesto sobre sucesiones, etc.).

Las ayudas a la estabilización de la actividad económica han servido de pretexto para conceder ventajas cada vez mayores a las empresas, en particular a los grandes grupos. No menos de 200.000 millones de euros evaden impuestos y contribuciones a la seguridad social cada año . Sólo la transición energética moviliza alrededor de cuarenta mil millones de euros en beneficio de los bancos.

Las opciones de mayor austeridad que se avecinan generan incertidumbre sobre el futuro del Estado en el período venidero. Su deterioro de la situación financiera, que se reflejará en los presupuestos en un aumento del coste de la deuda pública, influirá mucho. Los mercados financieros ejercerán presión sobre el gasto útil. No bastará pues que el Presidente de la República invoque en sus discursos su convicción de que "el Estado sostiene a la Nación" . La factura podría ser elevada. Por otra parte, no se puede ignorar el aumento irresistible de la necesidad de servicios, y por tanto también de servicios públicos.

El futuro del poder público estará influenciado en gran medida por la naturaleza de los argumentos que las fuerzas sociales sean capaces de imponer. El movimiento sindical y, más ampliamente, el movimiento social y político tienen derecho a imponer una confrontación real sobre el futuro del poder público. ¿Pueden?

Más allá de las luchas tenaces que marcan a un cierto número de sectores (hospitalario, investigación, universidad, correos, finanzas, etc.), más allá de las batallas para relegitimar políticas públicas dignas de ese nombre como en la industria, la energía, el transporte, la vivienda, algunas iniciativas transversales han surgido en el último período.

Estas iniciativas, que se inscriben plenamente en el movimiento de oposición a los desafíos a los servicios públicos, difícilmente consiguen desembocar en movilizaciones masivas, suficientes en cualquier caso para crear el equilibrio de poder esencial. Lo que está en juego es nuestra capacidad colectiva para definir e implementar las directrices para una auténtica reforma del Estado. Este esfuerzo de propuesta es sin embargo esencial. Se trata de responder a una serie de nuevas preguntas que marcan el camino hacia un nuevo modelo de poder.

El nuevo perfil del poder del mañana se jugará de hecho en torno a varias cuestiones esenciales que remiten a los fundamentos de las misiones públicas: ¿qué puede aportar el poder público a una nueva lógica de desarrollo? ¿Cuál será el sentido y el lugar del derecho y de la gestión pública? ¿Cuál será la intervención pública, especialmente en los ámbitos económico y social? ¿Cuál será la relación entre los derechos individuales y los sistemas colectivos de solidaridad?

¿No se trata, en efecto, después del «Estado monopolista social», de trazar los contornos de un nuevo tipo de Estado, el «Estado social-desarrollista»?