Supersalud pide aclaración y nulidad parcial de fallo de la Corte en caso EPS Sanitas
EPS Sanitas
César Melgarejo / Portafolio
La Superintendencia Nacional de Salud presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de aclaración sobre la Sentencia C-277 de 2025, la cual revoca la intervención de EPS Sanitas y se le devuelve a sus dueños, Keralty, con el propósito de precisar los efectos y procedimientos que se derivan de esa decisión judicial.
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La acción fue interpuesta el pasado 28 de julio por la entidad, que busca claridad respecto a los trámites, procesos y procedimientos que deben ser adelantados como consecuencia de lo dispuesto en la mencionada sentencia.
“En aras de salvaguardar el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida, el interés general de los ciudadanos y la defensa de nuestras funciones y actos propios, presentamos esta solicitud”, señaló la Superintendencia Nacional de Salud en una comunicación pública.
El mismo día, la entidad también interpuso un incidente de nulidad ante la Corte Constitucional. Esta acción tiene como finalidad la garantía y el respeto del debido proceso dentro de la actuación judicial en la que la Superintendencia fue parte accionada.
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Según explicó la entidad, la presentación del incidente de nulidad busca proteger su derecho a una defensa adecuada en el marco del proceso constitucional en curso.
La Sentencia C-277 de 2025, emitida por la Corte Constitucional, estableció nuevas disposiciones que, en criterio de la Superintendencia, requieren precisiones para su correcta implementación. En ese contexto, la solicitud de aclaración se convierte en un mecanismo para evitar interpretaciones erróneas o contradictorias sobre la manera en que deben cumplirse los lineamientos establecidos por el alto tribunal.
Ambas acciones judiciales, tanto la solicitud de aclaración como el incidente de nulidad, fueron presentadas dentro de los plazos legales y conforme a los canales establecidos por la jurisdicción constitucional. La Superintendencia indicó que estas medidas se adoptan en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, y en su rol como autoridad de inspección, vigilancia y control del sistema de salud.
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El trámite de estos recursos podría tener incidencia directa en la implementación del fallo y en las obligaciones que de él se desprenden para los distintos actores del sistema.
La Superintendencia reiteró que su objetivo es garantizar la correcta aplicación de las decisiones judiciales y asegurar que los procedimientos adoptados no vulneren los derechos fundamentales ni el marco jurídico que rige su actuación.
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DIANA K. RODRÍGUEZ T. Periodista de Portafolio
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