Por qué el nivel de empleo no muestra reactivación

Aunque algunos indicadores macroeconómicos insinúan señales de reactivación, el mercado laboral argentino continúa tensionado y estancado. En el primer trimestre, las cifras muestran una estabilidad superficial: la tasa de empleo permanece prácticamente igual a la del mismo período del año anterior, con una desocupación del 7,9% y una tasa de actividad del 48,2%.

Sin embargo, detrás de esta foto estática, se profundizan transformaciones estructurales que afectan la calidad del empleo y la sostenibilidad del sistema laboral, plantea Laura Caullo, investigadora responsable Área de Empleo y Política Social de la Fundación Mediterránea.

El problema ya no pasa por la cantidad de puestos de trabajo, sino por su composición. El empleo informal sigue en ascenso: representa el 42% del total de ocupados, frente al 40,8% registrado en 2024. Al mismo tiempo, el empleo asalariado registrado en el sector privado permanece estancado, con 6,2 millones de trabajadores. Esta dualidad refuerza un mercado fragmentado, con profundas desigualdades en el acceso a derechos y condiciones laborales.

image.png

La debilidad también se refleja en la evolución de los ingresos: la masa salarial real sigue sin recuperar los niveles previos al inicio de la actual gestión, lo que limita el impacto del empleo en la mejora del poder adquisitivo y la demanda interna.

Este escenario está sostenido por un entramado de normas laborales obsoletas, elevados costos de contratación formal y un sistema judicial que, lejos de resolver conflictos, los multiplica. En este contexto, la informalidad y el trabajo autónomo se transforman en estrategias de supervivencia para empleadores y trabajadores, atrapados en un esquema que penaliza la formalidad y recompensa el conflicto.

Un ejemplo crítico de esta dinámica es el sistema de riesgos del trabajo. Durante la última década, la litigiosidad laboral escaló al punto de poner en jaque su viabilidad.

En 2017, con la sanción de la Ley 27.348, se intentó descomprimir los tribunales estableciendo que las Comisiones Médicas serían la primera instancia para resolver desacuerdos entre trabajadores y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). En una primera etapa, la medida fue efectiva: los juicios cayeron un 36% entre marzo de 2017 y marzo de 2018.

No obstante, con el paso del tiempo, la aplicación parcial de la norma y la falta de reformas estructurales diluyeron su impacto. Pese a que la siniestralidad laboral muestra una tendencia descendente, los juicios volvieron a aumentar.

Solo en el primer trimestre de 2025 se notificaron 25.472 nuevas demandas, mientras que en marzo se acumulaban más de 300.000 casos sin resolver en los tribunales. Según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), este año podrían iniciarse unas 130.000 demandas, una cifra récord.

image.png

El corazón del problema está en el sistema pericial de las justicias provinciales. Los peritos médicos cobran honorarios que crecen según el porcentaje de incapacidad que dictaminan, lo que incentiva evaluaciones infladas y juicios costosos. Casos menores pueden transformarse en litigios millonarios si llegan a la justicia.

Lejos de requerir una nueva reforma legislativa, la solución pasa por implementar plenamente lo que ya dispone la ley: la creación de cuerpos médicos forenses independientes e imparciales y un sistema de honorarios vinculado al trabajo realizado, no al resultado del dictamen.

La alta litigiosidad laboral no solo recarga a la Justicia: también condiciona a la economía real. Las empresas, especialmente las pymes, deben destinar recursos crecientes para protegerse ante eventuales conflictos, lo que desalienta la contratación formal.

En un entorno de tipo de cambio real apreciado y apertura comercial, estos costos adicionales afectan la competitividad y limitan la capacidad del empleo registrado para expandirse. En muchos casos, el temor a una demanda puede ser la diferencia entre contratar o no a un trabajador.