La Generalitat pacta con Acciona cerrar el caso ATLL a cambio de unos 120 millones

El Govern de la Generalitat y Acciona ultiman un acuerdo extrajudicial para cerrar el largo contencioso por la fallida privatización de la emprea Aigües Ter Llobregat (ATLL) a cambio de que la Administración catalana compense a la constructora de la familia Entrecanales con el pago de una cifra en torno a los 120 millones de euros, según han asegurado a este diario varias fuentes implicadas en las negociaciones. Las dos partes están en la fase final de las conversaciones, que podrían cerrarse esta misma semana, pendientes de flecos y detalles de técnica jurídica.

En conjunto, la frustrada privatización de ATLL, la mayor de la Generalitat, llevada a cabo por el Govern de Artur Mas en el 2012 y sobre la que siempre sobrevolaron acusaciones de pagos indebidos en paraísos fiscales y sospechas de amaños, habrá costado a las arcas catalanas en torno a los 500 millones de euros. Por un lado, el anterior Govern de Pere Aragonès ya pagó 365 millones en mayo del año pasado y quedaron pendientes otros 12 millones más, a los que se suman los aproximadamente 120 del acuerdo que se cerrará en los próximos días.

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Ese primer pago de 377 millones (365 más 12) obedecía a una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de diciembre del 2022 que consideraba que la concesión de ATLL a Acciona y sus socios era ilegal, pero que esta última empresa tenía derecho a compensación. Aunque la sentencia aún no es firme, Acciona consiguió que el Supremo dictase que se pagara sin tener que esperar al final del proceso.

La adjudicación se realizó a finales del 2012 por un periodo de 50 años y por un importe de 1.000 millones, de los que Acciona pagó a la sazón casi 300 millones, que, en aquel momento crítico de la crisis financiera, permitieron al entonces conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, pagar las nóminas de los empleados de la Generalitat. Este último y el conseller de Territori, Lluís Recoder, fueron los responsables políticos del proceso de privatización y de su adjudicación.

El pacto extrajudicial está pendiente de detalles técnicos y debe ser homologado por el Supremo

La sentencia del TSJC no cerró el litigio, pues ambas partes no estaban de acuerdo –la Administración estaba en contra de reconocer el derecho a la indemnización y Acciona reclamaba casi 900 millones por la reversión de la concesión– y recurrieron al Tribunal Supremo, instancia en la que ahora se encuentra el litigio y sobre el que aún está pendiente el fallo.

El origen del proceso legal fue el recurso de Agbar, que también competía por la concesión de ATLL contra la adjudicación a Acciona. La reclamación de la empresa catalana de aguas fue estimada por el Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), una instancia de la propia Generalitat encargada de velar por la transparencia de las adjudicaciones. Pese a ello, el Govern recurrió contra la decisión de su propio organismo.

Para protegerse, Acciona exigió en aquel momento a la Generalitat garantías sobre las inversiones que iba a acometer en ATLL por si al final la concesión se revertía, como efectivamente acabó ocurriendo, y obtuvo garantías formales por escrito de Mas-Colell y del nuevo conseller de Territori, Santi Vila. Ese documento de respaldo, que este diario ha podido revisar y que Acciona ha aportado en la causa ante el Supremo, recoge literalmente que “habría que compensar a la sociedad concesionaria (Acciona y sus socios) (...) por los daños y perjuicios que correspondan (...) incluyendo en la compensación el importe de la inversión”. Un reconocimiento por parte del Govern del momento de que la constructora tendría derecho a compensación no solo por el dinero gastado, sino también por el beneficio no realizado, el lucro cesante.

Al final, la fallida privatización habrá costado a las arcas públicas más de 500 millones de euros

Fuentes jurídicas consideran que este documento deja en una posición muy difícil a la Administración catalana ante la reclamación total de Acciona. En el mismo sentido, las fuentes próximas al Departament d’Economia, que dirige Alícia Romero, han señalado este punto como el incentivo principal para aceptar el acuerdo con Acciona ante el riesgo de que se pierda por el importe de casi 1.000 millones (incluye intereses) que reclama Acciona. Economia quiere que el pago se escalone durante cuatro años.

El acuerdo extrajudicial deberá presentarse al Supremo para que lo acepte y homologue, y por lo tanto dé por bueno el final del contencioso que se ha mantenido vivo durante más de doce años.