En ocho meses del RIGI ya se aprobaron dos proyectos y hay inversiones por USD 15.200 millones en evaluación
A ocho meses de la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno logró inscribir once proyectos de inversión, de los cuales dos ya fueron aprobados y nueve se encuentran en proceso de evaluación. El programa, impulsado como una de las principales apuestas de la gestión de Javier Milei para atraer capital extranjero, suma hasta el momento compromisos por un total de USD 15.200 millones, concentrados en sectores estratégicos como energía, petróleo, gas y minería.
Según información oficial difundida por Bloomberg Línea, entre los proyectos ya avalados se destacan el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz en Mendoza, con una inversión prevista de USD 211 millones, y el megaproyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur de VMOS S.A., que contempla una inversión de USD 2.486 millones para construir un oleoducto de 437 kilómetros entre Allen (Río Negro) y Punta Colorada, además de tanques de almacenamiento y una terminal marítima para exportación de crudo.
Mientras tanto, la Secretaría de Energía analiza la incorporación de otras nueve iniciativas. Entre ellas figura el proyecto Hombre Muerto Oeste de Galan Litio en Catamarca, con una inversión de USD 217 millones; el proyecto Sal de Oro de Posco Argentina en Salta, destinado a la producción de derivados de litio, con una inversión de USD 633 millones; y el proyecto Gualcamayo de Minas Argentinas en San Juan, con una inversión estimada en USD 1.000 millones para la expansión minera y la generación de energía renovable.
En el primer trimestre del año, Argentina volvió a tener saldo positivo en su balanza comercial energética.El país alcanzó los USD 1.872 millones, impulsado principalmente por los USD 2.534 millones de exportaciones, un 8% más que en 2024.
El sector energético sigue creciendo. pic.twitter.com/od8WUimDJi
También están bajo evaluación el proyecto GNL de Southern Energy en Río Negro, con una inversión de USD 6.878 millones; la nueva planta de aceros largos de Sidersa en San Nicolás, Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones; y el Parque Eólico Olavarría de PCR y Acindar, con una inversión de USD 255 millones. A ellos se suman el Proyecto Mariana de Ganfeng en Salta, con una inversión de USD 273 millones; la exploración de cobre Los Azules de McEwen Mining en San Juan, con USD 227 millones; y el Proyecto Rincón de Rio Tinto, también en Salta, que contempla inversiones por USD 2.724 millones.
Estos desarrollos están enfocados en rubros considerados prioritarios para la transformación productiva del país, en línea con la estrategia oficial de impulsar las exportaciones de valor agregado.
El régimen establece dos tipos de proyectos: los que superan los USD 200 millones de inversión mínima y los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, con un piso de USD 2.000 millones. Para conservar los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, las empresas deben cumplir metas parciales de inversión durante los primeros años. La normativa estipula que el plazo de adhesión vence en agosto de 2026, con posibilidad de extenderse un año más, y fija un tiempo máximo de resolución de 45 días hábiles para cada solicitud.
Desde el oficialismo aseguran que el RIGI no generará impacto fiscal en 2025, ya que los beneficios tributarios solo se aplicarán cuando las inversiones efectivamente comiencen a generar ingresos o posterguen el pago de impuestos como el IVA.
En la visión del Gobierno, el régimen constituye un marco de previsibilidad para inversiones de largo plazo. Confían en que la reciente flexibilización parcial del cepo cambiario y los avances en las negociaciones con el FMI contribuyan a acelerar la llegada de capitales. En el sector privado, por su parte, si bien reconocen mejoras en las condiciones macroeconómicas, advierten que todavía persisten desafíos regulatorios y de infraestructura que podrían demorar la ejecución de algunos proyectos.
Con dos proyectos aprobados y otros nueve en evaluación, el RIGI empieza a tomar ritmo y el Gobierno apuesta a que, si la estabilidad económica se sostiene, las primeras grandes obras de infraestructura comiencen a materializarse entre 2025 y 2026.
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