Comida y servicios más caros, algunos efectos al bolsillo de la crisis fiscal

Aunque el déficit fiscal parece un concepto lejano y técnico, sus consecuencias ya están tocando la puerta de millones de hogares colombianos y mientras las cifras recientes del Ministerio de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional revelan que el país cerró 2024 con un déficit del 6,8% del PIB, superando ampliamente el límite legal del 5,6%; la gente en sus hogares siente la presión sin saber muchas veces la razón.

Lo primero a entender en esta situación es que el Estado está gastando mucho más de lo que recibe, y esa diferencia comienza a cubrirse con más impuestos, menos subsidios y servicios más costosos; minando la confianza de los inversionistas y la capacidad del crecimiento que en últimas lleva desarrollo a los hogares.

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En charla con Portafolio, el socio de impuestos y servicios legales, Juan Carlos Arbeláez Mesa, indicó que la crisis fiscal ya se siente en el bolsillo de los colombianos, dado que “cuando el Estado se queda sin recursos pasa lo mismo que en una familia: debe salir a buscar de dónde saca el dinero para cubrir lo esencial. Y esa búsqueda, generalmente, termina en los contribuyentes”.

Un ajuste gradual

Uno de los primeros mecanismos utilizados por el Gobierno para aumentar el recaudo ha sido el ajuste en las reglas de la retención en la fuente, que se dio mediante el Decreto 572 de 2025, que bajó la base gravable de dicho trámite.

Esto significa que, por ejemplo, una persona que preste un servicio independiente y facture $100.000, ahora verá una deducción del 4% (es decir, $4.000), una cifra que, si bien parece pequeña, representa un golpe directo para quienes viven del día a día, de acuerdo con los cálculos de este equipo de analistas.

“Cuatro mil pesos menos en una factura puede no sonar tan grave, pero para alguien que trabaja por cuenta propia, ese monto se suma en cada servicio, cada día, cada semana. Y eso comienza a sentirse fuerte en el presupuesto familiar”, advierte Arbeláez.

Uno de los efectos más visibles de esta situación es el aumento del costo de vida, ya que aunque la inflación general ha cedido ligeramente, los precios de alimentos, servicios públicos y medicamentos siguen elevados y “hoy los colombianos están pagando más por lo mismo. Las cuentas de mercado son más altas y los recibos de agua o luz no dan tregua”, comenta el experto.

Esta presión se debe en parte a factores como la menor inversión extranjera, la reducción del gasto público y una tasa de interés alta que encarece el crédito y frena el consumo. A esto se suma la desconfianza económica, que incide también en el comportamiento del dólar y otros precios clave para la economía doméstica.

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Vivienda y salud

El impacto en el sector de vivienda es otro reflejo de la estrechez fiscal, ya que Programas como Mi Casa Ya, que en años anteriores permitían a muchas familias acceder a un subsidio de tasa para comprar vivienda, sufrieron recortes sustanciales y, por ejemplo, a finales de 2024, el programa fue suspendido por falta de recursos, afectando a más de 40.000 hogares. Aunque se reactivó en 2025, volvió con menos cobertura y más restricciones.

“La consecuencia es clara y es que las personas que antes recibían una ayuda para pagar intereses hoy tienen que asumir esos costos directamente. Y en un entorno de tasas altas, eso puede significar un aumento de hasta el 30% en las cuotas mensuales”, señala Arbeláez.

Según cifras del sector, cerca de 49.000 familias podrían desistir de comprar vivienda este año por no contar con el apoyo estatal. Esto no solo impacta a los hogares, sino también al sector constructor, que ve mermada la demanda.

Por otra parte, la educación superior también ha sentido el recorte presupuestal y acá las cuentas de Crowe Co resaltan que el Icetex, principal fuente de financiación para estudiantes de bajos recursos, redujo en 40.000 los cupos de crédito respecto al año pasado. Su presupuesto cayó 33%, pasando de $1,2 billones a $859.000 millones.

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Además, se eliminaron los subsidios a las tasas de interés que beneficiaban a los estudiantes más vulnerables, lo que encareció los créditos en promedio un 17% y golpea especialmente a las familias de escasos recursos, que ahora tienen menos oportunidades para que sus hijos ingresen o permanezcan en la universidad.

“En las universidades públicas, por su parte, la falta de cupos es una barrera adicional, ya que no existe capacidad suficiente para absorber la creciente demanda de educación superior gratuita”, dijo Juan Carlos Arbeláez.

La salud no se salva

Uno de los aspectos más preocupantes del impacto fiscal está en la salud, donde si bien los problemas del sistema no se originan únicamente en el déficit fiscal, sí se han agudizado por la falta de recursos y las intervenciones del Estado a varias EPS y los retrasos en pagos han deteriorado la capacidad del sistema para garantizar tratamientos y entregas de medicamentos.

“Muchas personas están saliendo a comprar con su propio dinero medicamentos que antes recibían a través del sistema de salud. Desde insulinas hasta inhaladores, hoy deben destinar parte de sus ingresos a cubrir esos gastos que no tenían previstos”, relata Arbeláez.

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Este fenómeno ha llevado también a que más ciudadanos se afilien a planes de medicina prepagada o seguros complementarios, como una forma de protegerse ante las fallas del sistema obligatorio, generando nuevos gastos para las familias.

Así mismo, no hay que pasar por alto que el acceso al crédito, tanto para familias como para pequeñas empresas, está restringido y que aunque la inflación ha bajado, las tasas de interés siguen siendo altas. Por ejemplo, la tasa de intervención del Banco de la República se mantiene en 9,25% y lleva a que los préstamos de libre inversión, tarjetas de crédito e incluso los créditos de vivienda sean más costosos.

“Finalmente, uno de los impactos más preocupantes, aunque menos visible, es el aumento de la informalidad laboral. Aunque la tasa de desempleo ha bajado, más personas están trabajando sin contrato, sin seguridad social, y sin aportar al sistema de pensiones ni al fisco”, resaltó el experto.Con todo lo anterior, Arbeláez indicó que “cuando el Estado no puede financiar educación, salud o vivienda, muchas personas tienen que salir a ‘rebuscarse’ por su cuenta. Y eso significa más empleos informales, menos recaudo de impuestos y mayores brechas sociales”, que no es una situación menor.

Es por esto que cerró diciendo que la crisis fiscal ya no es un tema exclusivo de tecnócratas y economistas y hoy se refleja en decisiones cotidianas que van desde si comprar o no un medicamento, si matricular al hijo en la universidad, o si aplazar la compra de vivienda; dejando claro que la factura de ese desbalance en las cuentas públicas ya está llegando al bolsillo de los hogares.