Bruselas lanza un plan para suavizar las exigencias de sostenibilidad empresarial y recortar 6.300 millones en costes
Bruselas arranca su proceso de simplificación regulatoria, o desregulación a ojos de los más críticos, para reducir las trabas administrativas, con el foco puesto en las pequeñas y medianas empresas. La Comisión Europea ha lanzado este miércoles su primer paquete Omnibus para aligerar los requisitos de reporting en materia de sostenibilidad empresarial y las normas de taxonomía comunitarias de cara a reducir los costes administrativos en 6.300 millones de euros anuales y movilizar 50.000 millones de inversión pública y privada. Un paquete que reduce en un 80% las empresas que deben informar sobre su responsabilidad ambiental y rebaja las multas para las firmas que no mitiguen su impacto sobre la sostenibilidad ambiental o social.
El objetivo lo planteaba el Ejecutivo comunitario cuando delineaba, el pasado enero, su Brújula para impulsar la competitividad del bloque comunitario, en la que se enmarca este proceso de simplificación: reducir un 35% la burocracia para las pymes. El paquete Onmibus propone retrasar las Obligaciones de informes de Sostenibilidad para las empresas y reduce en un 80% proporción de firmas que deben realizar el reporting de impacto en materia de sostenibilidad medioambiental, social y de riesgos asociados a sus actividades.
Concretamente, la Comisión Europea ha propuesto retrasar dos años las obligaciones de reporting de sostenibilidad empresarial a 2026 y 2027, al tiempo que da más tiempo a los Estados miembro para trasponer esta regulación a sus respectivas legislaciones nacionales.
La propuesta de este miércoles afecta también a la normativa de Diligencia Debita, en un intento por evitar que las pymes se vean sometidas a las mismas exigencias que las grandes compañías de las que son proveedores. Supone un alivio para la cadena de suministro con la excluirá a las pequeñas empresas de dar información sobre sus prácticas de sostenibilidad medioambiental. La revisión excluirá a todas aquellas empresas con menos de 1.000 empleados y una facturación anual de 50 millones de euros.
Además, afectará a las sanciones al amparo de esta normativa. Si hasta ahora podrían enfrentarse a una multa mínima del 5% de la facturación anual mundial por el incumplimiento de esta normativa, el paquete Omnibus abre la puerta a reducir las sanciones al eliminar el umbral. De esta manera, se rebajan las multas para las empresas que no mitiguen su impacto sobre la sostenibilidad ambiental o social y los derechos humanos.
En este segmento, desaparece la obligación de las compañías a rescindir los contratos con proveedores que vulneren la normativa de diligencia debida, dando más espacio para la resolución del problema.
La revisión de la norma de sostenibilidad empresarial contempla, también, una excepción para las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios inferior a 450 millones de euros, de tal manera que las notificaciones sobre Taxonomía sean voluntarias.
Además, la Comisión Europea plantea modificaciones de la normativa de taxonomía para simplificar los requerimientos de remitir información de casi el 70 %. Además, ajusta el Ratio de Activos Verdes (GAR) utilizado por los bancos sobre su exposición a empresas que se alineen con la directiva de sostenibilidad empresarial. El paquete también reduce el alcance de la información obligatoria sobre gastos operativos. Por otro lado, simplifica determinados criterios de "No causar daños significativos' (DNSH, por sus siglas en inglés para Do no significant harm), en lo relativo a la prevención de la contaminación o la presencia de sustancias químicas.
Carbono en fronteraEn lo que se refiere al mecanismo de ajuste de carbono en frontera, CBAM, Bruselas propone recortar un 90%, hasta las 182.000 empresas, el número de importadores europeos que estarán obligados a pagar impuestos cuando importen productos, como acero o cemento, producido fuera de la UE por las mayores emisiones, al situar en 50 toneladas de CO2 al año el umbral para que estén obligados a pagar.
En el caso de los importadores que siguen sujetos a este mecanismo, se simplificarán los procesos de autorización de declaraciones, los cálculos de las emisiones, los requisitos de reporting y de responsabilidad financiera.
La propuesta del Ejecutivo comunitario no ha estado exenta de polémica. A la Comisión Europea le llueven las críticas por iniciar un proceso que a ojos de los más críticos es desregulación, no simplificación regulatoria, como defiende el Ejecutivo comunitario. Además, de fondo persiste la preocupación porque este proceso lleve a una rebaja de los estándares medioambientales y las exigencias en materia de sostenibilidad empresarial, desbarajustando los pasos avanzados en el marco del Pacto Verde europeo.
eleconomista
